
Durante un período de descanso, tuve la oportunidad de revisar una iniciativa de ley de la Republica Dominicana sobre compliance para el sector público, y me pareció oportuno hacer algunas anotaciones sobre este tema en Guatemala. Investigué un poco algunas historias locales, prácticas internacionales y otros elementos que me podrían dar luces y guías. Con base a los hallazgos, me permito hacer algunos comentarios, porque lo creo necesario en el contexto actual.
Riesgos con el sector público
Todos los ciudadanos tenemos interacción con el sector público, y medianamente confiamos en que las medidas de control, de probidad, contraloría, de persecución de ilícitos de servidores públicos, entre otros, son suficientes para protegernos ante los riesgos por acciones u omisiones de funcionarios que puedan afectarnos.
Pero, ¿Existe realmente un modelo de compliance al cual se sujeten los funcionarios del sector público en nuestro contexto político? lo dudo. Algunos empresarios y ejecutivos han sido imputados por infracciones penales cuyo origen subyace en infracciones de servidores públicos, quienes han sido artífices de actos de corrupción, abusando de la confianza depositada por el ciudadano, han inducido al error a varios incautos.
Casos del MP en Guatemala sobre corrupción
Es perceptible el aumento en el trabajo del Ministerio Público, el cual en su momento recayó en la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, por perseguir ilícitos que en algunos casos es notorio que son fallas de compliance.
Sí, el compliance es preventivo, pero a las luces de un caso penal puede verse, con el beneficio de la retrospectiva, como una falta del sistema de gestión de riesgo de cumplimento y ética – de compliance.
El Ministro y la corrupción, luces sobre algunos mecanismos de prevención
Hace unos años leí un libro de un exministro de Finanzas de Guatemala en el mencionaba que fue testigo de actos ilícitos para lograr aprobaciones de contratos en el poder Legislativo, los cuales involucraban a contratistas privados del estado.
Esto me provoco la pregunta ¿cómo un ministro de Estado no pudo usar un canal de denuncia? Si un ministro de estado no pudo hacer nada, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? pues, colaborar como sociedad para promover un mejor sistema de compliance del sector público, que incluya canales eficientes de denuncias y protección a los denunciantes o a los colaboradores eficaces, un sistema preventivo más allá de lo que existe hoy.
Prácticas comparadas
Revisando otras prácticas, encontré que algunos pases están tan desgastados en control del gasto público que prefieren que los fideicomisos, bancos y operadores privados gestionen la contratación pública, porque es más fácil exigir cumplimiento que cambiar toda la mística gubernamental, pensé.
Por supuesto que esto da pie a otras aristas y motivaciones, de las cuales podremos conversar en este blog.